La Justicia secuestró el auto y embargó el sueldo a una jubilada discapacitada por una deuda que pagó hace más de 20 años

Judiciales 12 de julio de 2019
Esther es vecina de la ciudad de Alta Gracia. Hace más de cinco meses que "por error" la dejaron de a pie y solventando deudas judiciales que "no puedo afrontar", cuenta.
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"Estoy indignada y desesperada", comienza el relato Esther, una vecina de barrio Parque del Virrey que no solo reclama su medio de movilidad que fue secuestrado "por error", sino que exige que "limpie mi buen nombre", manifiesta. 

En febrero de este año, un Oficial de Justicia, un policía y quien se presume era el dueño del depósito judicial le secuestraron su Renault 19, frente a dos testigos que circunstancialmente estaban en su vivienda ese día con un oficio judicial vencido, y en reclamo de una deuda que fue cancelada hace más de 20 años. 

"Ocurrió el 5 de febrero a las 16 horas. En ese momento llegaron estas personas a mi casa diciendo que tenían una orden judicial para secuestrar mi auto, un Renault 19 modelo 94, porque yo supuestamente tenía una deuda con la financiera El Encuentro. En ese momento no entendía de qué financiera me estaban hablando. Les pregunté que como me iban a secuestrar el auto si yo nunca había sido notificada ni con una carta documento ni por un oficio. Ellos dijeron que traían la orden y lo tenían que llevar", cuenta la damnificada aún conmocionada por lo ocurrido. Todo ésto sucedió frente a personas que venían a retirar trabajos de tapicería que ella realiza para solventar su vida porque "la jubilación no me alcanza", cuenta. 

"Después de ésto me fui a Córdoba, al estudio de donde partía supuestamente esta deuda que está en calle Rivera Indarte 350, 4º piso. Hablé con el abogado que dirige la financiera y me dijo que la deuda corresponde a la Asociación Mutual de la Tercera Edad, de la cual yo había sido socia cuando mis hijos eran chicos, habrá sido entre el año 92 y el 98, porque ese año cuando me dijeron que por razones de salud me iban a trasladar desde el Hospital San Roque donde trabajaba al Illia,  saldé todas mis deudas en Córdoba incluyendo ésta para quedarme tranquila. No solo saldé la deuda sino que les hice una carta agradeciendo todos los servicios prestados", agregó la mujer.

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"Cuando fui a hablar con este hombre me mostró el expediente, era mi firma la de ese documento así que no entendía nada. Me vine a buscar mis papeles guardados (que gracias a Dios guardo) y ahí veo que tengo los comprobantes de todas las deudas canceladas. El 16 de febrero del año 98 renuncié a esa mutual.", agrega Esther detallando una historia que ni ella puede creer. 

Fue así que volvió a Alta Gracia, buscó a un abogado, (el doctor Hugo Clavero) y realizó una denuncia penal que aún espera resolución. "Pagué los honorarios del abogado, pagué la tasa judicial y comenzamos con el proceso judicial. Desde febrero no tengo el auto, soy una persona discapacitada, tengo tres hernias de disco, no puedo caminar, me movilizo con un caminador.No tengo auto por lujo, simplemente tengo un auto porque no puedo caminar distancias largas y ahora vivo a remis, y no lo puedo sostener, no tengo plata para eso.", continúa relatando; y finaliza: "Esto es un daño moral impresionante, fraude y estafa. Necesito que se limpie mi buen nombre, jamás tuve una deuda, no le debo un peso a nadie. No he obtenido ninguna respuesta, jamás llamaron a los testigos a declarar tampoco...la Fiscalía no ha hecho nada todavía. En este momento más indignada me siento porque encima me embargaran el sueldo, en pleno juicio".

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El letrado a cargo, en tanto, sostiene el relato de Esther y agrega que se trata de  la ejecución de un documento "que ella pagó hace más de 20 años. Es un juicio que inició hace 12 años aproximadamente, y que fue notificado "por error" en la casa del frente a la suya. Mi clienta no tiene  ningún tipo de deuda con nadie, tiene el inmueble pago y todo al día. Además le secuestran el vehículo con un oficio vencido, y con un domicilio que figuraba -igual que en el expediente- y que corresponde a un vecino. Iniciamos una denuncia penal en contra del oficial de justicia, el policía que fue y que no se quiso identificar y la otra persona que suponemos es el dueño del depósito judicial. Estamos a la espera de esas imputaciones", sostiene Clavero y cuenta que no se pudo pedir la nulidad del juicio en aquel momento porque habían pasado más de cinco días hábiles.

Además de la denuncia por Incumplimiento de los deberes de funcionario público, estafa procesal y asociación ilícita, se va a iniciar juicio por daños y perjuicios."Como el juicio continúa porque no se pudo introducir la nulidad, ahora a Esther le han ampliado la acción por los honorarios y le embargaron la jubilación. Es un  hecho gravísimo", finalizó el letrado. 


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