En Argentina, la ausencia de los vehículos eléctricos de Tesla se debe a una combinación de factores económicos y regulatorios que complican su entrada al mercado. A pesar de la creciente popularidad de los autos eléctricos en la región, Tesla aún no ha establecido una presencia oficial en el país.
Uno de los principales obstáculos es la alta carga impositiva que enfrentan los vehículos importados. Desde marzo de 2023, los autos eléctricos deben pagar un arancel del 35%, además de otros impuestos como el PAIS (17,5%) y el impuesto interno al lujo (35%). Estos tributos elevan significativamente el precio final de los vehículos, haciéndolos poco competitivos en comparación con los autos convencionales.
Además, la infraestructura de carga en Argentina es limitada, lo que representa un desafío adicional para la adopción de vehículos eléctricos. Aunque hay un interés creciente en la tecnología, la falta de estaciones de carga adecuadas y la extensión geográfica del país dificultan su implementación efectiva.
En contraste, Tesla ha encontrado un mercado más favorable en Chile, donde la marca lanzó oficialmente sus vehículos en enero de 2023. La elección de Chile se debió a sus bajos aranceles de importación y a un entorno regulatorio más favorable. Este lanzamiento fue organizado por Santiago Lombardi, un argentino que negoció directamente con la sede de Tesla en Palo Alto, California.
Mientras tanto, en Argentina, algunos importadores privados han comenzado a traer modelos de Tesla bajo pedido, pero la falta de una presencia oficial de la marca limita su disponibilidad y soporte técnico. La empresa Argentesla, con sede en Buenos Aires y Boston, ha iniciado el proceso de homologación de varios modelos de Tesla, lo que podría ser un primer paso hacia una mayor presencia de la marca en el país.
En resumen, aunque Tesla aún no ha establecido operaciones en Argentina, el interés y los esfuerzos de importadores privados sugieren que podría haber un futuro para la marca en el mercado argentino, siempre y cuando se superen los desafíos regulatorios y de infraestructura.
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