El Secretario de Estado de Transportes español y el presidente de la compañía pública de trenes Renfe han dimitido hoy tras el encargo de trenes más grandes que los túneles por los que deben circular.
Las dimisiones han sido confirmadas por el Ministerio de Transportes y son el colofón a semanas de polémica por el caso, que se remonta a 2020, cuando se encargaron 31 trenes a una empresa también española, del País Vasco, con el objetivo de realizar conexiones de cercanías y corta distancia en regiones del norte del país.
A finales de enero de este año se supo que la entrega de los primeros trenes ya no tendría lugar en 2024, como se había anunciado inicialmente, sino en 2026, debido a un error en el pedido, detectado por la empresa que iba a construir los trenes.
Los trenes no se construyeron y el Gobierno español garantiza que no hubo gastos extraordinarios porque el error se detectó antes del inicio de la producción.
La polémica de las últimas semanas se debió principalmente a que el error y el consiguiente retraso fueron supuestamente ocultados durante casi dos años por los responsables de las empresas públicas de trenes Renfe y Adif, siendo presidente de esta última el actual secretario de Estado de Transportes, que hoy ha dimitido.
La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, aseguró que ella misma sólo se enteró del problema al mismo tiempo que la opinión pública, cuando aparecieron en la prensa regional las primeras noticias del retraso en la entrega del pedido.
Al parecer, el error se debió al ancho de vía del pedido, que no se correspondía con las antiguas vías de las regiones de Cantabria y Asturias por las que circularían los trenes, lo que hacía que los trenes necesarios fueran más grandes que los túneles que tendrían que atravesar.
El Gobierno español ha anunciado una investigación para depurar responsabilidades, pero el presidente de Renfe, Isaías Taboas, y la secretaria de Estado, Isabel Pardo de Vera, han abandonado hoy sus respectivos cargos, antes de que se conozcan los resultados de esta investigación y en medio de las críticas de los gobiernos regionales de Cantabria y Asturias.
El presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (Partido Regionalista de Cantabria), criticó que se diera una orden «sin medir los trenes ni los túneles» y que «durante dos años y pico, nada se supo y nada se dijo».
El presidente del Gobierno de Asturias, el socialista Adrián Barbón, calificó el caso de «escándalo que sólo puede calificarse de bochorno y vergüenza».
Tanto Revilla como Barbón habían pedido que se depuraran todas las responsabilidades en este caso.
