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La Izquierda pidió Juicio Político al Fiscal Delgado por el pedido de suspensión del IVE

"Pedimos se ordene de forma inmediata el apartamiento del referido fiscal de sus funciones, hasta tanto se dicte resolución, haciendo lugar a la denuncia y destituyendo al denunciado", dice parte de la presentación que fue elevada al vice gobernador.

Política

En la jornada de hoy, viernes 13 de Agosto, la precandidata a Senadora Nacional Laura Vilches junto a la precandidata a Diputada Nacional Liliana Olivero -ambas dirigentes de la izquierda cordobesa- firmaron juntas en la Legislatura de Córdoba un pedido de juicio político contra el Fiscal Delgado.

La presentación apunta a destituir al Fiscal recientemente designado, quien el pasado 3 de agosto, "haciendo lugar al pedido del ex legislador García Elorrio intentó dejar sin efecto en Córdoba la aplicación de la ley nacional de interrupción voluntaria del embarazo (IVE)", manifiestan.

Pedimos "se ordene de forma inmediata el apartamiento del referido fiscal de sus funciones, hasta tanto se dicte resolución, haciendo lugar a la denuncia y destituyendo al denunciado. Se coloque en conocimiento de la Justicia Penal los hechos y documentación aquí acompañada, como se pide". dice parte del escrito.

EL PEDIDO

DENUNCIA POR MAL DESEMPEÑO CONTRA EL FISCAL Doctor José Manuel Delgado

Al Vicegobernador de la Provincia de Córdoba

Contador Manuel Calvo:

MARIA NOEL ARGAÑARAZ, DNI 36.147.097 en su carácter de Legisladora Provincial acompañada por LAURA VILCHES, DNI 29.387.478, por derecho propio, argentina, de profesión docente, Legisladora Provincial de Córdoba (Bloque PTS-FIT) Mandato Cumplido constituyendo domicilio legal en José Betinoti 3392 B; Mara Beltrame, abogada inscripta en la matrícula federal del interior T° 509 F° 287, 6-173 de la 6 Circunscripcin, en carácter de representante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, María Liliana Olivero , DNI 12.244.150, Legisladora provincial de Córdoba (Bloque FIT) Mandato Cumplido, con domicilio real en calle Lima 2131 de esta Ciudad de Córdoba.

Que viene con el presente a realizar formal denuncia de pedido de Juicio Político (Conf. Artículo 112 de la constitución provincial y la ley 8794) contra el Doctor José Manuel Delgado, Fiscal General de la provincia de Córdoba. La actuación del fiscal ha sido contraria a las exigencias legales y a sus deberes funcionales, atento que se encuentra pendiente de resolución un pedido de recusación en virtud del cual corresponde que tal como desarrollaré a continuación, la conducta del fiscal impone que se investigue seriamente la conducta en relación al mal desempeño en sus funciones y desconocimiento inexcusable del derecho del representante del Ministerio Público antes mencionado. No se trata de una mera discrepancia con sus valoraciones jurídicas sino de la violación palmaria del deber de resguardar la validez de la intervención del Ministerio Público Fiscal.

I. HECHOS.

El día 3 de agosto de 2021, el Fiscal General junto al Fiscal Adjunto de la provincia, Pablo Bustos Fierro, realizan un dictamen, que lleva el número 607 y remite a los autos AUTOS: “CUERPO DE COPIAS DE APELACION EN GARCIA ELORRIO AURELIO FRANCISCO C/ PODER EJECUTIVO PROVINCIAL-AMPARO LEY 4915 – EXPTE. N° 10074392

Dicho expediente refiere a distintos aspectos de la Ley Nacional N 27610 y su aplicación en la provincia de Córdoba a través de distintos programas del Ministerio de Salud. Dicho Fiscal ya había referido su oposición a la ley de interrupción voluntaria del embarazo; y en su accionar profesional interpuso acciones para impedir el acceso de las personas gestantes a métodos anticonceptivos gratuitos.

Debido a sus posiciones públicas y ante el tratamiento del expediente, se planteó una recusación con causa planteada por la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), la Asociación Civil por el Derecho a Decidir (Católicas por el Derecho a Decidir - CDD) y la Clínica de Litigio de Interés Público (CLIP).

Sin haberse definido el fondo de la recusación, el Fiscal General explicó en el expediente, en sus páginas 13/14 que “VE ha corrido traslado a esta Fiscalía General por decreto de fecha 20/05/2021 a fin de que dictamine en la presente causa sobre los recursos de apelación entablados.

Previo a la remisión de las actuaciones y durante la sustanciación de la instancia recursiva, con fecha 01/07/2021, se corrió traslado al Ministerio Público a fin de que se pronuncie en relación a la recusación con causa planteada por la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), la Asociación Civil por el Derecho a Decidir (Católicas por el Derecho a Decidir - CDD - Expediente SAC 10074392 - Pág. 13 / 25) y la Clínica de Litigio de Interés Público (CLIP), respecto de la intervención del Sr. Fiscal General Dr. Juan Manuel Delgado en estos obrados que había sido ordenada mediante decreto de VE del 20/05/2021.

Con fecha 22/07/2021 se evacuó la vista corrida en relación a la recusación con causa rechazando el planteo formulado, y con fecha 30/07/2021 VE cumplimentó con la remisión ordenada al Ministerio Público Fiscal dispuesta mediante proveído de fecha 20/05/2021 –última parte-.

Arribada la causa a esta Fiscalía General, se advierte que a la fecha, a pesar de haber corrido traslado y remitido las actuaciones ante este órgano, el Alto Cuerpo aún no se ha pronunciado en relación a la recusación con causa planteada respecto del Dr. Juan Manuel Delgado en su carácter de Fiscal General de la Provincia de Córdoba.

Por lo tanto, a fin de resguardar la validez de la intervención del Ministerio Público Fiscal en el proceso que pudiera causarse en la presente en razón de dicha recusación con causa, la presente vista se evacúa de manera conjunta por el Sr. Fiscal General Dr. Juan Manuel Delgado y el Sr. Fiscal Adjunto Dr. Pablo A. Bustos Fierro.”

Entonces nos encontramos con que el Fiscal General, a sabiendas que había una recusación en curso tomó vista del expediente y dictaminó, aunque participando a uno de los fiscales adjuntos.

II CONSIDERACIONES SOBRE LA CONDUCTA QUE SE SOLICITA QUE SE INVESTIGUE Y SU ENCUADRAMIENTO COMO CAUSAL DE MAL DESEMPEÑO Y DESCONOCIMIENTO INEXCUSALBE DEL DERECHO.

La actuación del fiscal Juan Manuel Delgado representa una infracción del deber de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad. En forma independiente a lo que resuelva el órgano jurisdiccional en el caso, se trata de analizar si el fiscal Delgado se excedió en los límites fijados por un razonable desempeño en el marco de su autonomía funcional. Como veremos a continuación, el fiscal violó las regulaciones que enmarcan su actuación y emitió dictamen sobre la suspensión de la aplicación de la interrupción voluntaria del embarazo.

Los actos que pueden constituir mal desempeño son aquellos que perjudiquen al servicio público, deshonren al país, la investidura pública o impidan el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución.(Fallo: 305-1751) El mal desempeño de las funciones deriva de un conjunto de circunstancias, de un conjunto de detalles, de antecedentes, de hechos que rodean al funcionario y forman conciencia plena.

El mal desempeño es en esencia, el ejercicio de la función pública de manera contraria al interés y beneficio público; actuación al margen de la razón, prudencia, discernimiento, y buen juicio: en consecuencia la regla de la "razonabilidad" es la que sirve para una mejor definición de ideas que encierra el término.

En primer lugar es necesario poner de relieve que la causal de mal desempeño invocada, contemplada en el art. 154 de nuestra Constitución Provincial, se enmarca estrictamente en el plano de la responsabilidad política del miembro del ministerio público cuestionado. En otros términos, el Jurado de Enjuiciamiento sólo se encuentra investido para evaluar, valorar, y decidir respecto de la responsabilidad política del integrante del ministerio público sometido a este procedimiento especial, y juzga sólo sobre la conveniencia o no de su continuidad en la función.

En este orden de ideas, debo resaltar que la sanción política -destitución-, no puede pretender ampararse en un sistema probatorio exorbitante. Ciertos hechos son manifiestos y reprobables políticamente aunque sus autores, por las razones que fuere, sean absueltos en un proceso penal.

En virtud de lo expuesto, la causal constitucional de mal desempeño ha sido tratada en diversos fallos y ha sido objeto de estudio desde distintas perspectivas. Sin embargo, el “mal despeño” es un concepto mutable, dinámico y ponderable, que no encuadra en ninguna forma sacramental o inflexible, llenándose de contenido en las oportunidades de la evaluación, calificación y decisión sobre tal desempeño, el cual le incumbe en forma exclusiva al Jurado en cada caso concreto.

La causal de mal desempeño que implica el incumplimiento de los deberes de funcionario público, en tanto, actuó sobre la base de una ilegalidad manifiesta, toda vez que a sabiendas que su intervención en los autos en cuestión estaba sujeta a una resolución pendiente -de la recusación- por parte de su superior -TSJ- el mismo Delgado cuestionado en su neutralidad prosiguió y no solo dictaminó, sino que a los fines de que dicho opinión perdure en el tiempo –ante un posible apartamiento por la recusación-, la suscribió conjuntamente con el Dr. Bustos Fierro, tal como expresamente lo sostiene en su libelo, lo que permite afirmar un actuar premeditado y a sabiendas de estar en infracción, pero sin determinar su abstención en dicho proceso.

De allí que el mal desempeño  se relaciona con la noción de idoneidad y también partiendo de la base de lo que es dable esperar y exigirle al magistrado o al fiscal. Ambas ideas nos permiten de alguna manera contar con un marco de referencia necesariamente flexible para ponderar las conductas de jueces y fiscales, a los fines que las mismas respondan a las expectativas y demandas que la realidad social actual exige.

Así mismo, el Fiscal incurre en la falta de desconocimiento inexcusable del derecho toda vez que llevo adelante su función, dictaminando en la cuestión debatida en los autos supra referidos, pese a encontrarse pendiente de resolución el incidente de recusación y en clara infracción a la normativa aplicable al procedimiento previsto para la tramitación del incidente de recusación con causa de aplicación al presente, por lo cual el Fiscal General deberá dejar de entender hasta tanto se resuelva la incidencia de mención.

III. PRUEBA.

Se libre exhorto al Tribunal Superior de Justicia a fin de solicitar remita copia certificada de las actuaciones del incidente de recusación con causa interpuesto contra en Dr. Delgado en relación a los autos caratulados “CUERPO DE COPIAS DE APELACION EN GARCIA ELORRIO AURELIO FRANCISCO C/ PODER EJECUTIVO PROVINCIAL-AMPARO LEY 4915 – EXPTE. N° 10074392  o en su defecto copias certificadas de las actuaciones.

IV. PETITUM.

Por lo expuesto solicitan:

Los tenga por presentada, y por constituido el domicilio legal indicado.

Téngase por presentada la presente denuncia, contra el Ab. José Delgado, Fiscal de la provincia de Córdoba, por encontrarse posiblemente incurso en la causal de mal desempeño y desconocimiento inexcusable del derecho contempladas en el art. 154 de la Constitución Provincial.

Se tenga presente la prueba ofrecida;

Se ordene de forma inmediata el apartamiento del referido fiscal de sus funciones, hasta tanto se dicte resolución, haciendo lugar a la denuncia y destituyendo al denunciado.

Se coloque en conocimiento de la Justicia Penal los hechos y documentación aquí acompañada, como se pide.

Proveer de conformidad

SERÁ JUSTICIA.

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