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Actualidad 23 de enero de 2021

Se trata de una herramienta muy accesible que permite dar respuesta a la necesidad de información del viajero mediante una guía sencilla, práctica y de bajo costo donde se pueden consultar rutas, senderos, lugares de interés, el arte, la historia y el patrimonio de un lugar.

Pese a los reclamos de los ambientalistas, declararon de utilidad pública terrenos para la autovía en rutas 5

La Legislatura aprobó trazados complementarios. Se trata de la Variante Ruta Provincial Nº 5, en el tramo entre la rotonda ubicada en el kilómetro 25,5 y el acceso a la localidad de Villa Los Aromos, en el departamento Santa María. También los de la ruta 38.

Política 24 de diciembre de 2020

Este miércoles resultaron aprobados en la Legislatura provincial dos proyectos de Ley relacionados con obras de infraestructura vial y que fueran remitidos por el Poder Ejecutivo. Se trata, por un lado, de la declaración de utilidad pública de inmuebles para la ejecución de la obra “Ruta alternativa a Ruta Nacional Nº 38”, en el tramo que va desde la Variante Costa Azul al acceso a la localidad de Molinari, en Punilla. Otro tanto ocurrió con los terrenos involucrados en la construcción de la Variante Ruta Provincial Nº 5, en el tramo entre la rotonda ubicada en el kilómetro 25,5 y el acceso a la localidad de Villa Los Aromos, en el departamento Santa María.

Ambos proyectos del Ejecutivo llegaron a esta 32º sesión virtual del pleno después de haber obtenido despacho favorable por parte de las comisiones permanentes de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.

En todos los casos serán debidamente individualizados los bienes requeridos para el cumplimiento de las normas sancionadas, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 6394 que define el Régimen de Expropiación para la provincia de Córdoba.

Acerca del trabajo a realizarse en la nueva traza del departamento Santa María, el legislador Raúl Latimori manifestó que “es de suma importancia para la región, constituyendo una vía de acceso a todo el Valle de Paravachasca y que contribuirá al descongestionamiento del tránsito, que en épocas de verano se intensifica debido a la gran afluencia de turistas”.

“Es una obra que traerá grandes beneficios a los pobladores de la zona, así como para la industria turística de la provincia”, cerró.

Colectivos ambientalistas se manifestaron hasta la Legislatura para reclamar por la "falta de apertura para tratar temas tan sensibles como este". Allí estuvo la Asamblea Paravachaca presente, quien desde hace bastante tiempo viene dando a conocer su oposición ante este tema: 

EL COMUNICADO

Posicionamiento de la Asamblea Paravachasca sobre el proyecto de ley 31991/E/20 mediante el cual se propicia avanzar sobre la obra “Variante Ruta Provincial N° 5 – Tramo: Rotonda Ruta Provincial N° 5 (Km. 25,5) y el Acceso a la Localidad de Villa Los Aromos (km. 45,2)”.
El pasado martes 15 de diciembre el Ejecutivo provincial envió a la Legislatura de Córdoba el proyecto de ley 31991/e/20 en el que solicita la expropiación de “los bienes necesarios para la ejecución de las obras: “Variante Ruta Provincial N° 5 – Tramo: Rotonda Ruta Provincial N° 5 (Km. 25,5) y el Acceso a la Localidad de Villa Los Aromos (km. 45,2)”. Quienes integramos la Asamblea Paravachasca, vecinas y vecinos autoconvocados, Bibliotecas Populares, Centros Culturales, Organizaciones sociales, políticas y ambientales del Valle de Paravachasca; exigimos a quienes toman las decisiones sobre las políticas públicas a implementarse en el territorio que habitamos, consideren los siguientes puntos que nacen de nuestra preocupación colectiva:
1- Oportunismo según contexto y fecha: El gobierno provincial, utilizando una estrategia habitual envía este proyecto a días de finalizar el mes de diciembre y en el actual contexto de pandemia que impide el desarrollo normal de lo que establece el marco legal en términos de acceso a la información y participación real de la ciudadanía, constituyendo una irregularidad en el procedimiento y carente absolutamente de legitimidad social.
2- Incumplimiento de mecanismos, tratados y leyes que garantizan transparencia y participación ciudadana. Tales incumplimientos pretenden evitar los debates sociales fundamentales dada la magnitud de la obra y del impacto socioambiental que ésta generaría. A los fines de comprender el vínculo entre el estado de situación de nuestro territorio y lo que establece nuestra legislación, se expone a continuación aspectos esenciales a considerar sobre tratados y leyes en materia ambiental:
Tratados internacionales: este año se aprobó en el Congreso de la Nación el “Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe”. De acuerdo a este tratado, Argentina, como estado parte, aprueba con fuerza de ley y se compromete a la aplicación de estos derechos de forma integral y equilibrada. Su principal objetivo se refiere al derecho de acceso a la información ambiental, a la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales (Escazú, Art 1). Particularmente, nos interesa resaltar el derecho -tantas veces negado- relativo a los mecanismos de participación ciudadana concernientes a “(...) los procesos de toma de decisiones, revisiones, re-examinaciones o actualizaciones (...) relativos a asuntos ambientales de interés público, tales como el ordenamiento del territorio y la elaboración de políticas, estrategias, planes, programas, normas y reglamentos, que tengan o puedan tener un significativo impacto sobre el medio ambiente” (Escazú, art.7, inc.3).
Nivel Nacional: nuestra Ley Nacional General de Ambiente 25.675 plantea entre sus objetivos fomentar la participación social en los procesos de toma de decisión (Art.2, inc. c). Asimismo, establece que toda persona tiene derecho a opinar en procedimientos administrativos que se relacionen con la preservación y protección del ambiente, institucionalizando procedimientos de consultas o audiencias públicas para las actividades que generen impacto ambiental (Art. 19, 20). Se agrega a esto que “la participación ciudadana deberá asegurarse, principalmente, en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y en los planes y programas de ordenamiento ambiental del territorio, en particular, en las etapas de planificación y evaluación de resultados” (Art.21).
En este sentido la Ley Nacional 25. 831 de Presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar el derecho de acceso a la información ambiental, establece en su artículo 3, que “el acceso a la información ambiental será libre y gratuito para toda persona física o jurídica (...)” entendiendo como información ambiental toda aquella información en cualquier forma de expresión o soporte relacionada con el ambiente, los recursos naturales o culturales y el desarrollo sustentable, en particular: (a) el estado del ambiente o alguno de sus componentes naturales o culturales, incluidas sus interacciones recíprocas, así como las actividades y obras que los afecten o puedan afectarlos significativamente; b) Las políticas, planes, programas y acciones referidas a la gestión del ambiente (Art. 2)
En la Ley Nacional 26.331 de Presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos se explicita cuáles son las categorías de uso de suelo que no deberían ser afectadas. Categoría I (rojo): sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse. Incluirá áreas que por sus ubicaciones relativas a reservas, su valor de conectividad, la presencia de valores biológicos sobresalientes y/o la protección de cuencas que ejercen, ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad, aunque estos sectores puedan ser hábitat de comunidades indígenas y ser objeto de investigación científica. Categoría II (amarillo): sectores de mediano valor de conservación, que pueden estar degradados pero que a juicio de la autoridad de aplicación jurisdiccional con la implementación de actividades de restauración pueden tener un valor alto de conservación y que podrán ser sometidos a los siguientes usos: aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica (Ley 26.331, art. 9).
Nivel provincial: La Ley Provincial 10.208 de política ambiental, en concordancia con las leyes nacionales también promueve “la participación ciudadana en forma individual y a través de organizaciones no gubernamentales, académicas y científicas, actores y diversos sectores que afecten el ambiente, para la convivencia de las actividades humanas con el entorno, brindando información ambiental, fortaleciendo las vías de acceso a la información y exigiendo su obligatoriedad en los procesos administrativos de gestión ambiental” ( Art. 3, inc.d).
La Ley 9814 de Ordenamiento territorial de los bosques nativos de la provincia de Córdoba, tomando en cuenta lo anterior y vinculado a las prácticas de manejo de áreas de conservación sobre las que se pretenda cualquier cambio del uso de suelo -como aquellas que involucran zonas de categorías rojas o amarrillas-, expresa que “En las Categorías de Conservación I (rojo) y II (amarillo) se podrá autorizar la realización de obras públicas, de interés público o de infraestructura.
Para el otorgamiento de dicha autorización, la Autoridad de Aplicación deberá, en su caso, someter el pedido a un procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y su correspondiente audiencia pública” (Art. 14). Atendiendo a lo anterior y dada la tremenda pérdida ambiental producida a raíz de los incendios de los últimos meses de este año, es primordial destacar lo que se expresa en esta misma ley al especificar que “...En todos los casos de incendios se mantendrá la categoría de conservación del bosque que se hubiere definido en el ordenamiento de los bosques nativos provincial establecido por la presente Ley” (Ley 9814, Art.30). Por otro lado, en el actual contexto de pandemia el gobierno, mediante decreto 227, establece las audiencias públicas virtuales, instrumento que lejos de convertirse en un instrumento democrático, afecta el derecho a la igualdad y a una participación real y efectiva, vulnerando derechos de jerarquía superior, como los tratados y leyes nacionales arriba mencionadas.
3- Vinculación del proyecto de Ley con el ecocidio
El punto central en el cual gira la discusión sobre la realización de este proyecto, refiere al impacto ambiental en las zonas circundantes sobre las que se pretende realizar el trazado de esta enorme obra vial. Como habitantes del Valle de Paravachasca, nos preocupa las consecuencias que irremediablemente puede generar la concreción de proyectos de esta envergadura, específicamente todo lo relacionado al crecimiento desordenado del desarrollismo inmobiliario que en los últimos años parece llevarse adelante sin ningún tipo de control y en clara complicidad con quienes deben velar por el cuidado y conservación de las zonas de protección, es decir, en zonas de categoría rojas y amarillas de alto y mediano valor de conservación.
4- El modelo de desarrollo y la planificación vial
Este proyecto expone nuevamente una propuesta de lógica desarrollista en el territorio de Paravachasca bajo procesos confusos y poco transparentes. En líneas generales, la configuración de la red vial resulta un elemento estructurante y orientador del modelo de desarrollo predominante. A través del sistema vial y su planificación en la Provincia de Córdoba, es posible inferir las tendencias que favorecen al avance y ocupación de determinados usos del suelo sobre las zonas serranas, que sin duda afectarán a los ambientes naturales de gran valor de conservación, vulnerando el bienestar de las poblaciones actuales y potenciales. La velocidad de los traslados propicia la extensión de las ciudades e influye fuertemente en la expansión de los centros urbanos regionales. Los impactos socioambientales, culturales y económicos de las variantes a las rutas principales resultan significativos fundamentalmente en las localidades que se conectan a los grandes centros urbanos. Por lo que es fácil inferir que, el traslado de las problemáticas urbanas avanza hacia las zonas serranas sobre la traza de la ruta planificada.
Resulta preocupante, que desde el Ministerio de obras públicas de la Provincia de Córdoba, se considere de manera reduccionista a la inversión en infraestructura como el medio para lograr un “desarrollo sostenible” basado principalmente en el crecimiento económico, como un factor multiplicador que aumenta la competitividad y la productividad. En su “visión estratégica y sostenible”, sin embargo en el plan de infraestructura provincial al año 2030, refiere a 5 pilares fundamentales: 1) Equilibrio territorial, 2) Equidad social, 3) Conectividad, 4) Dinamismo, 5) Participación ciudadana. Lejos de acercarse a la realidad de los territorios, una vez más se evidencia una pantalla política carente de contenido y procesos territoriales verdaderos que involucren la participación ciudadana y no vulneren sus derechos. Por otro lado, resulta más alarmante aún, que el Ministerio de obras públicas de la Provincia de Córdoba menciona explícitamente que “mejorar la cobertura y la calidad de los servicios de infraestructura es condición necesaria, mas no suficiente, para acelerar las tasas de crecimiento”, sin acompañar y articular con los diferentes actores del territorio, los planes de ordenamiento territorial y uso de suelo, y los estudios de impacto socio-ambiental correspondientes a tales propuestas.
5- El sistema vial y su impacto sobre los Bosques Nativos
El proyecto Ley 31991/E/20 presenta una obra vial que se extiende desde las localidades de Alta Gracia y Los Aromos en la variante Tramo I y entre Alta Gracia y La Rancherita en su variante Tramo II comprendiendo una longitud cercana a 20 km afectando en su sección final zonas de Bosque Nativo de alto valor de conservación, según la ley provincial Nº 9814 (ver Mapa 1). Más aún, parte de estas áreas de afección del proyecto se encuentran dentro de la cicatriz de fuego provocada en el último incendio ocurrido durante los meses de agosto-septiembre del corriente año (ver Mapa 2). La coincidencia de la ruta demarcada con la ocurrencia de los incendios forestales permite confirmar que existe una acción orquestada con clara intencionalidad por parte del estado provincial.
La mayoría de las zonas afectadas por incendios terminan en un cambio de uso del suelo, siguiendo una tendencia progresiva que avanza sobre la apertura de caminos, la planificación de redes viales provinciales, y posteriormente lo que acompaña la consolidación de estas primeras obras. El fuego opera entonces como un factor socioeconómico, no sólo como un factor natural asociado a las sierras de Córdoba. Más allá de que el marco normativo actual protege nuestros ambientes naturales de alto valor de conservación (la ley 27.353 artículo 22b), en el territorio la lógica responde a facilitar a través del fuego la apertura de áreas de montes, matorrales y pastizales naturales, para un posterior cambio de uso y ocupación.
6- Solicitud de elaboración y acceso al Estudio de Impacto Socio Ambiental Estratégico de la obra vial
Teniendo en cuenta la dimensión, tipo de proyecto y las zonas consideradas para la realización del mismo creemos necesario contemplar ciertos aspectos socio ambientales a considerarse en la matriz de evaluación de impacto y en el estudio en sí; ya que muchos de los impactos son a largo plazo e irreversibles. Para ello nos basamos en lo solicitado por la Ley de Ambiente de la Provincia 7.343 y la Ley de Política Ambiental 10.208 anexo I en las cuales se detalla los factores a tener en cuenta a la hora de realizar una evaluación de impacto socio ambiental. Solicitamos:
● Identificar, evaluar y mitigar las causas y principales problemáticas priorizadas para la ejecución de la obra en consideración bajo categoría de autovía, así como también la evaluación comparativa de las alternativas estudiadas para tal fin.
● Considerar los siguientes factores:
1. La identificación, caracterización y evaluación de los efectos previsibles (positivos y negativos), directos e indirectos, singulares y acumulativos, a corto, mediano y largo plazo considerando todas las etapas del ciclo del proyecto.
2. Evaluación de los cursos de agua que serán afectados por la obra.
3. El impacto y grado de afectación de la autovía sobre la calidad de vida de los habitantes del Valle de Paravachasca, la posible distribución espacial y el crecimiento de la trama urbana.
4. Pasivos ambientales que dejaría el proyecto en la etapa de obra y funcionamiento.
5. Modificaciones en la calidad del paisaje y visibilidad.
6. Determinación, Identificación y justificación del área de influencia directa teniendo en cuenta la instalación de obradores, baños, plantas de asfalto y hormigón, campamentos y depósitos de materiales en la etapa de obra y la superficie que ocupará la autovía en sí.
7. Ponderación del riesgo de incendios forestales y zona de protección de bosque nativo como variables importantes para la tabla comparativa de las trazas.
8. Conservación de bosques, montañas y diversidad biogeográfica.
9. Considerar el efecto erosivo del desmonte y la impermeabilización del suelo.
10. Llevar a cabo el proceso de difusión y consulta a los habitantes de cada municipio y comunas para el desarrollo del proyecto licitatorio.
11. Documentos y/o informes que demuestran que realizaron consultas/reuniones con los/las vecinos/as y organizaciones sociales, para obtener información relevante que aporte al diagnóstico socioeconómico parte del Estudio de Impacto Ambiental.
12. Memoria técnica descriptiva de la obra.
13. Estudio de escorrentía y obras hidráulicas.
14. Plan de gestión ambiental con su respectivo plan de monitoreo y mitigación ambiental durante la etapa de obra y funcionamiento..
15. Articulación con los municipios y comunas locales del Valle de Paravachasca en un Plan de ordenamiento y uso del suelo.
● Acceder a los estudios de Líneas de Base que contemplen los siguientes factores:
1. Suelo (infiltración y morfología)
2. Aire (emisión de gases y sólidos suspendidos)
3. Agua (subsuperficial y superficial)
4. Vegetación (cantidad y tipo de flora presente a nivel micro y macro). Contemplar las categorías detalladas por el OTBN.
5. Fauna (relevamiento de fauna autóctona y especies presionadas)
6. Áreas naturales protegidas
Dadas las amargas experiencias que en diferentes puntos de nuestra provincia y particularmente en nuestro valle -afectando su riqueza natural como su identidad cultural- se han dado de manera sistemática en los últimos veinte años (incendios forestales de origen antrópicos, desarrollo inmobiliario descontrolado, avance de la frontera agropecuaria, etc.) es fundamental que desde el Estado y con real participación ciudadana, se cumpla sin ningún tipo de excepción lo que claramente establecen la legislación en materia ambiental, en protección de los bienes comunes y en resguardo de quienes habitamos los territorios.
No necesitamos ampliar marco legal, lo que se precisa es hacer cumplir lo que hoy ya está vigente y generar un proyecto que contemple la participación real de la comunidad.
Desde el valle de Paravachasca, proclamamos y afirmamos que toda obra pública o privada de la magnitud e impacto de la Variante Ruta Provincial N° 5, que pretenda avanzar por este territorio y sin la participación real y plena de la ciudadana, carece de licencia social.
¡El agua, la tierra y los ríos NO SON MERCANCÍAS, SON BIENES COMUNES de y para LOS PUEBLOS!

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